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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado su ofensiva contra las redes internacionales de ciberestafas con una nueva ronda de sanciones dirigida a la infraestructura empresarial y financiera del grupo criminal transnacional Prince Group. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido en su lista negra a cuatro personas y 41 empresas que, según Washington, han contribuido a mantener las operaciones de la organización, ocultar la titularidad de sus activos y eludir las restricciones financieras impuestas anteriormente.
«Las redes de ciberestafas continúan robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses mientras se apoyan en sofisticadas redes empresariales internacionales para blanquear sus beneficios ilícitos», ha advertido el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El responsable estadounidense ha asegurado que Washington pretende «desmantelar cada capa de estas organizaciones», desde sus dirigentes hasta las estructuras corporativas y los intermediarios financieros que facilitan sus actividades.
La nueva operación se desarrolla en coordinación con el FBI, el Departamento de Justicia y la fiscalía federal del distrito de Alaska, además de contar con la colaboración de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas y el Ministerio de Exteriores británico.
Una red empresarial diseñada para sobrevivir a las sanciones
La principal novedad de esta actuación es que no se dirige tanto contra los centros de estafas como contra las estructuras societarias utilizadas para gestionar sus beneficios y conservar el acceso al sistema financiero internacional.
Según la OFAC, los responsables de Prince Group han recurrido a sociedades instrumentales, empresas radicadas en jurisdicciones offshore, administradores nominales y proveedores de servicios corporativos para mantener el control de sus activos sin aparecer directamente como sus propietarios.
Entre los cuatro individuos sancionados figura Qiu Yong, un alto cargo de la organización que, según el Tesoro, controlaba varias sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong. Estas estructuras incluían empresas de préstamos y otras actividades comerciales, entre ellas negocios relacionados con la distribución de vino.
También ha sido sancionada Zhao Mengyao, conocida como Amy Zhao, asistente personal de Qiu Yong y secretaria y codirectora de varias sociedades hongkonesas vinculadas a él.
Los otros dos afectados son la camboyana He Yujing, esposa del directivo de Prince Group Chen Bo, y Visal Pang, un colaborador de este último. Washington sostiene que ambos recibieron o mantuvieron propiedades y participaciones empresariales en nombre de Chen Bo para dificultar la identificación de sus verdaderos titulares.
Uno de los ejemplos más significativos es el de una mansión en Tokio cuya propiedad fue transferida por Chen Bo a su esposa después de las primeras sanciones estadounidenses. He Yujing también controla la sociedad camboyana Super Light Speed Kh Technology.
En el caso de Visal Pang, el Tesoro identifica once empresas camboyanas bajo su control, algunas de ellas compartidas con Chen Bo. Entre estas figuran compañías inmobiliarias, logísticas, tecnológicas y de construcción, además del Marco Polo Hotel y empresas vinculadas a la actividad comercial y turística.
La nueva lista de sanciones incluye asimismo otras once sociedades que permanecen bajo el control de Chen Bo y una empresa con sede en Singapur propiedad de otro ejecutivo previamente sancionado, Thet Li.
En conjunto, las 41 entidades afectadas forman parte de una red empresarial que se extiende principalmente por Camboya, Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas y Singapur.
Prince Group sigue bajo investigación pese a la detención de su fundador
La nueva actuación estadounidense constituye la tercera gran ronda de medidas financieras contra Prince Group desde octubre de 2025.
En aquella primera operación, Washington y Reino Unido sancionaron a 146 personas y entidades vinculadas a la organización, al tiempo que el Departamento de Justicia estadounidense presentó una acusación contra su fundador y presidente, Chen Zhi, por conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales.
La investigación incluyó una de las mayores operaciones de confiscación de activos de la historia del Departamento de Justicia: aproximadamente 127.271 bitcoins, valorados entonces en unos 15.000 millones de dólares, que las autoridades estadounidenses atribuyeron a los beneficios de las actividades fraudulentas de la organización.
En junio de 2026, el Tesoro amplió las medidas con otras nueve personas y 26 empresas relacionadas con la dirección de Prince Group, los inversores en sus centros de estafas y sus sociedades instrumentales.
El propio Chen Zhi fue detenido en Camboya y extraditado a China el 6 de enero de 2026, junto con otros dos ciudadanos chinos, tras una operación de cooperación entre las autoridades de ambos países.
Sin embargo, su detención no ha supuesto la desaparición de todas las estructuras económicas vinculadas a la organización. La investigación estadounidense apunta precisamente a que sus colaboradores han seguido transfiriendo propiedades, modificando titularidades y utilizando sociedades de terceros para conservar el control de los activos y sortear las restricciones.
La Unión Europea también ha intervenido en este ámbito. El pasado 30 de julio, el Consejo de la UE impuso sanciones a siete personas y tres entidades responsables de graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con centros de estafas en el sudeste asiático, entre ellas Prince Holding Group y su presidente, Chen Zhi.
Las redes de estafas se trasladan de Camboya a África
La actuación contra Prince Group coincide con otra investigación estadounidense que pone de manifiesto la expansión geográfica de estas organizaciones criminales.
El Tesoro ha sancionado también al ciudadano malasio Chui Kok Wa por dirigir una red de estafadores asentada en Madagascar que habría defraudado a estadounidenses por más de 400.000 dólares mediante el uso de criptomonedas y otras tecnologías digitales.
La designación de Chui constituye una actuación independiente de las sanciones contra Prince Group, aunque su caso refleja un fenómeno que preocupa cada vez más a las autoridades internacionales: el desplazamiento de los centros de ciberestafas desde el sudeste asiático hacia otros territorios cuando aumenta la presión policial.
Una investigación de la agencia France-Presse publicada el 31 de octubre documentó cómo varias organizaciones que operaban en Camboya trasladaron sus actividades a Madagascar después de las operaciones policiales desarrolladas en el sudeste asiático.
En agosto y septiembre, las autoridades malgaches desmantelaron trece centros de estafas gestionados principalmente por ciudadanos chinos, en una operación que contó con la colaboración del FBI. Los investigadores estadounidenses analizaron alrededor de 3.200 dispositivos electrónicos incautados durante las intervenciones.
Según las autoridades de Madagascar, 148 ciudadanos chinos fueron extraditados a China. Las operaciones también permitieron identificar a trabajadores de distintas nacionalidades africanas que habían sido captados mediante falsas ofertas de empleo, privados de sus pasaportes y obligados a participar en las estafas.
El FBI considera que algunos de estos centros habían trasladado sus operaciones desde Camboya a Madagascar a raíz de los enfrentamientos fronterizos entre Camboya y Tailandia y de las actuaciones policiales contra los recintos de fraude.
