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En estos últimos días ha trascendido que un hacker, o un grupo de hackers, denominado Police-ESP-Doxed ha hecho público en varios foros de hackers datos personales de directivos y antiguos cargos del Instituto Nacional de Ciberseguridad, así como del jefe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, unos delitos de los que automáticamente se ha deducido que tanto el INCIBE como el Ministerio del Interior, o la Policía Nacional, hayan podido ser víctimas de un ciberataque. Sin embargo, esto no ha sido así, tal y como ellos mismos nos han explicado. Lo ocurrido ha sido muy diferente.
En ambos casos, en el de los directivos de INCIBE como en el del jefe de Información de la Policía Nacional, los datos expuestos incluyen direcciones particulares, teléfonos móviles, fechas de nacimiento, números de DNI, correos electrónicos e incluso referencias a servicios contratados o ayudas administrativas solicitadas años atrás, una información que, al menos parcialmente, no está recogida en los datos que conservan ninguna de estas dos instituciones.
El nuevo modus operandi: cruzar filtraciones antiguas
Aunque el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI ha asumido la investigación de ambos incidentes, fuentes del sector de la ciberseguridad explican a Escudo Digital que la hipótesis más plausible no pasa por una intrusión reciente, sino por la explotación de bases de datos robadas en el pasado a diversas empresas y organismos, instituciones públicas y proveedores de servicios de los ejecutivos de los que se han revelado datos, datos que los ciberdelincuentes han cruzado hasta crear unos perfiles personalizados a base de información robada a lo largo del tiempo.
Y es que en los últimos años se han producido ataques masivos contra compañías de telecomunicaciones, eléctricas, entidades financieras y plataformas digitales que van dejando un extenso rastro en la deep web formado por millones de registros con datos personales que pueden recuperarse.
El procedimiento consiste en seleccionar el nombre de una persona concreta y rastrear su rastro digital en múltiples filtraciones previas. Si ese directivo figura como cliente de una operadora telefónica, de una compañía energética o de un banco que sufrió una brecha en su momento, su información puede estar incluida en esos repositorios.
Así, los cibermalos no necesitan vulnerar la institución donde trabaja la víctima, sino ensamblar piezas dispersas hasta construir un perfil detallado. Esta técnica se basa en la agregación de datos ya comprometidos.
Los ciberdelincuentes trabajan con enormes volúmenes de información histórica. La novedad de estos dos casos no es el robo, sino la selección estratégica de nombres relevantes para generar impacto mediático y presión institucional.
El caso del INCIBE y de la Policía Nacional
En el incidente relacionado con el INCIBE se han difundido datos de una decena de empleados y antiguos cargos, incluidos perfiles de dirección y coordinación.
Algunos registros incluirían contraseñas antiguas, lo que sugiere que proceden de brechas anteriores en servicios externos y no necesariamente de los sistemas internos del organismo.
El propio instituto es una pieza central en la protección digital de empresas y ciudadanos, con servicios como la línea 017 para asistencia en ciberseguridad. Y, como desde este subrayan, «un aspecto clave para interpretar correctamente estos casos es que la aparición de datos de una persona vinculada a una entidad concreta no demuestra, por sí sola, que haya existido una brecha en los sistemas de esa entidad», y apuntan a que en «la mayoría de publicaciones de doxing de este tipo suelen surgir de la industrialización del robo y reventa de datos: se filtra un conjunto de información en una brecha de cualquier entidad, se redistribuye, se cruza con otras fuentes y, finalmente, se presenta como una ficha orientada al impacto».
Por su parte, la filtración del comisario general Javier Antonio Susín Bercero, máximo responsable de Información en la Policía Nacional, realizada por el mismo ciberdelincuente, o grupo de ciberdelincuentes, sigue el mismo patrón.
Entre los datos publicados figuran su domicilio, su documento de identidad, su número de teléfono y referencias a trámites administrativos vinculados a su entorno familiar que nada tienen que ver con su actividad profesional, por lo que las primeras comprobaciones apuntan a que tampoco se ha producido un acceso indebido a sistemas clasificados de la Policía, sino que la información sería el resultado de la compilación de filtraciones previas relacionadas con servicios contratados por el afectado a título personal.
El fenómeno del doxing dirigido
Este tipo de prácticas se enmarca en lo que se conoce como doxing, la publicación intencionada de datos privados con fines de intimidación o exposición pública.
Tradicionalmente, estos actos estaban vinculados a hacktivismo o a enfrentamientos ideológicos. Hoy evolucionan hacia campañas más estructuradas que buscan demostrar capacidad técnica o generar desconfianza institucional, además de señalar a determinadas personalidades.
En los últimos meses también se han difundido datos de otras figuras públicas, incluidos responsables políticos y periodistas. La lógica es similar: no se trata de acceder a servidores gubernamentales, sino de explotar la huella digital acumulada durante años en múltiples plataformas.
El auge de este modelo responde a una realidad preocupante: cada gran brecha empresarial deja un legado de información reutilizable indefinidamente; los atacantes solo necesitan combinar registros de distintas fuentes para reconstruir identidades completas.
La fragmentación de la información en distintas compañías, lejos de ser una barrera, facilita la reconstrucción si todas han sido comprometidas en algún momento. Y por ello, el desafío para las autoridades es doble: proteger sus sistemas y gestionar el impacto reputacional de filtraciones que, en realidad, son el eco acumulado de ataques pasados contra terceros.
